05 mayo 2008



Un uso alternativo

Santiago González

Rosa Díez presentará muy probablemente mañana una proposición no de Ley instando al Gobierno a disolver el Ayuntamiento de Mondragón y todas las corporaciones gobernadas por ANV. UpyD parece la enseña del Estado de Texas, la bandera de la estrella solitaria, un destello refulgente en la noche parlamentaria, “nesta longa noite de pedra”, escribiría de nuevo Celso Emilio Ferreiro, si viviera, pero tengo para mí que la iniciativa no va a cuajar.

La idea de que relajar el cumplimiento estricto de la ley es una aplicación inteligente de la misma es un apriorismo que goza de mucho prestigio hoy día, aunque no haya sentado jurisprudencia en el terreno de los hechos. La modernidad se alimenta del gusto por la paradoja: Vísteme despacio, que tengo prisa, la línea más corta entre dos puntos es siempre la circunvalación y todo en este plan. Así se explica la inteligente estrategia que el PNV y el PSE han venido siguiendo con las mociones éticas, que tenían como objetivo acorralar a los corporativos batasunos frente a su imagen cómplice reflejada en el espejo. Una vez conseguido esto, su vergüenza torera, (huy, perdón) de vascos no lo soportaría y presentarían la dimisión. En caso negativo, demostrarían que son unos ‘malquedas’ y no importaría echarlos por las malas.

El muy relativo éxito de las mociones en Mondragón, Hernani, Bergara y Eskoriatza compromete gravemente la continuidad del invento, especialmente después de la segunda caída del caballo del juez Garzón para descubrir que ANV no es la izquierda abertzale, como creyó erróneamente durante 2006 y parte de 2007, sino ETA-Batasuna, como sabiamente había venido sosteniendo hasta entonces.

El Estado de derecho ganaría muchos puntos de imagen si los jueces dejasen de ensayar usos alternativos del Derecho y el Gobierno se dedicase a aplicar las leyes. La propuesta de Díez será tachada de extremista por los finos jurisconsultos del PSOE. ¿Mociones éticas o de censura? Bastaría con aplicar las leyes que ya existen.

Hay un precedente. Se produjo el viernes, 7 de abril de 2006, en que el Consejo de Ministros presidido por Zapatero acordaba la disolución del Ayuntamiento de Marbella en virtud del artículo 61.1 de la Ley de Bases de Régimen Local: “El Consejo de Ministros (…) podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.”

Y eso, ¿qué tiene que ver con Mondragón?, se preguntarán ustedes, si son refractarios a las analogías y no hubieran reparado por sus propios medios en que la peor corrupción, más grave aún que la ‘Operación Malaya’, es la que asienta el poder sobre la eliminación física de los discrepantes. Sin embargo, quien procedió por analogía fue el Gobierno al disolver el Ayuntamiento marbellí, porque el punto 2 del citado artículo aclara definitivamente la cuestión:

“Se considerarán (…) decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares.”

Eso dice la Ley. Si el Gobierno no quiere cumplirla en su totalidad que la reforme, pero quizá debería considerar antes que el uso verdaderamente alternativo de la Ley en España sería su aplicación.

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